La Asociación Nuestro Patrimonio para la Defensa del Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife demandó ayer al Ayuntamiento capitalino y al Cabildo “las gestiones necesarias para la inmediata entrada en vigor del Plan Especial de protección de El Toscal, aprobado de forma definitiva en 2015”. La petición del colectivo ciudadano surge por  la situación de abandono en que se encuentra gran parte del barrio de El Toscal.

“Reiteramos nuestra preocupación -recalcan los representantes de la Asociación Nuestro Patrimonio- por la situación del casco histórico de Santa Cruz, con más de la mitad de sus inmuebles catalogados en mal o regular estado de conservación o en la ruina”. En lo que a El Toscal se refiere, exigen la inmediata entrada en vigor del Plan Especial “y que las soluciones que se adopten respeten e, incluso, enriquezcan los valores patrimoniales del barrio sin desvirtuarlos”.
Defienden que “la recuperación del barrio se haga de acuerdo a los principios del manifiesto de esta asociación, apoyado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2015, y, en especial, la oportunidad de crear empleo y riqueza y recuperar El Toscal como una parte más de la ciudad, y no como mero parque temático o escaparate, con un desarrollo equilibrado entre los diferentes usos, incluido el turístico”. Para ello demandan “máxima cooperación y coordinación entre la iniciativa pública y la privada; con políticas incentivadoras y máxima participación de sus vecinos”.

A juicio de la Asociación Nuestro Patrimonio, para recuperar de manera efectiva el conjunto de El Toscal las administraciones públicas deben, en primer lugar, “reactivar el Consejo Municipal de Patrimonio histórico”, crear una oficina de gestión del casco histórico para impulsar y agilizar los trámites administrativos, incluyendo los de licencias de obras; al igual que un sistema de ayudas directas a los propietarios (subvenciones reintegrables y a fondo perdido) e indirectas (bonificaciones fiscales) a la conservación, restauración y rehabilitación, así como en forma de materiales o con programas de rehabilitación con planes de empleo social. Además, proponen que las administraciones públicas soliciten acogerse a fondos insulares, autonómicos, estatales y europeos para rehabilitación y revitalización de cascos históricos, así como que promocionen el mecenazgo y negocien con la banca líneas de crédito ventajosas para particulares. También defienden, entre otras medidas, procesos de participación pública para definir los inmuebles y espacios históricos de restauración prioritaria y sus usos; un proceso participativo, con apoyo de equipos técnicos adecuados, para que los vecinos aporten acciones de mejora de inmuebles y espacios públicos; y promover el uso de los locales vacíos, así como la creación de zonas de aparcamientos públicos gratuitos.