«El nuevo Estatuto está en el primer nivel de las Comunidades Autónomas»

Nosotros teníamos un sistema electoral que tenía serios déficits democráticos. Implicaba una gran desigualdad en el valor del voto entre los ciudadanos de una isla y otra. Había las barreras electorales más elevadas, no solo de España sino del mundo occidental democrático. Y, por lo tanto, siempre se había solicitado una reforma profunda de nuestro sistema. Para conseguir una mayor proporcionalidad, para conseguir una mayor igualdad del valor del voto del ciudadano, en función de la isla donde viviera, había varias opciones, pero al final se ha escogido el crear una lista regional superpuestas a las listas insulares. Con eso se mitiga un poco, pero no se soluciona por completo. Lo que se consigue es que sí mitiga esa desigualdad del valor del voto y se aumenta la proporcionalidad del sistema. Esto genera que nuestra sistema electoral tenga más calidad democrática y, además, que el Presidente del Gobierno ya no esté identificado con una isla concreta, sino con la propia comunidad de la región. Por lo tanto, desde el punto de vista político es ventajoso.

Es algo novedoso y como cualquier novedad suscita dudas. En ese sentido el hecho que existan ciertos problemas a la hora de abordar este tema, por lo novedoso, entiendo que es normal. Al final parece ser que se ha elegido por una doble papeleta y una doble urna. Y a mi juicio es lo más acorde con la constitucionalidad del derecho al voto. Porque se va a dar la oportunidad al ciudadano que vote a partidos diferentes, a candidaturas diferentes, en una circunscripción o en otra.

«Lo que sí es cierto es que existía una gran tendencia a los aforamientos, y en esa tendencia si es cierto que nuestro Estatuto de Autonomía es vanguardista, va a la cabeza y ha generado la supresión total de los aforamientos para los parlamentarios y los miembros del Gobierno».

Respecto a si el aforamiento es un privilegio o no ya es una cuestión que también es debatible. El aforamiento lo que consiste es una excepción respecto del Tribunal competente para juzgar. No significa impunidad, no significa que no juzgue o no se castigue a determinados cargos públicos que han cometido un delito. Lo único que significa es que el criterio general era que un juzgado determinado era competente y, en vez de ser ese juzgado, pasa a ser un Tribunal de mayor instancia, normalmente el Tribunal Supremo o en los casos de la Comunidades Autónomas, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Si eso es un privilegio o no, se puede ver efectivamente por el lado en que no es el Juzgado o Tribunal que inicialmente estaba previsto, aunque también es cierto que existe una desventaja para ellos y es que pierden algunos recursos. Si están condenados por un Juzgado de Primera Instancia tienen posibilidad de recursos y si eres condenado por el Tribunal Supremo los recursos también se te agotan. No tienes a tu disposición para defenderte esos recursos por lo cual también tienes tus pros y tus contras.

Lo que sí es cierto es que existía una gran tendencia a los aforamientos, y en esa tendencia sí es cierto que nuestro Estatuto de Autonomía es vanguardista, va a la cabeza y ha generado la supresión total de los aforamientos para los parlamentarios y los miembros del Gobierno. Pero lo único que va a significar es que en vez de ser juzgado por el Tribunal Superior de Canarias será por los Juzgados de lo Penal o de Instrucción como cualquier otro ciudadano.

Imagen de la Salón de Plenos | PARCAN

Ganamos autonomía para la propia autoorganización política, es decir, que no tengamos que agotar necesariamente una legislatura porque no tenemos apoyo parlamentario, por los problemas políticos que sea, o que está en una situación de bloqueo institucional y político. Estos casos lo procedente es convocar elecciones y no estar abocados a años y meses de una parálisis política. Eso es ganar en autonomía y en reflejos a la hora de adaptar la realidad a las normas. Por lo tanto, es beneficioso que tengamos la oportunidad de convocar elecciones y de llamar a la ciudadanía a las urnas en el supuesto de que exista una situación de bloqueo.  Si no hay mayorías parlamentarias, el Gobierno no puede sacar adelante sus políticas, eso no puede prolongarse simplemente porque la fecha tenga que ser cada cuatro años el último domingo de mayo.

«Creo que de la simple lectura puede llegar la impresión de que se han agrandado sustancialmente sus derechos. Pero en realidad no estamos hablando de derechos como tal, sino que estamos hablando de principios rectores, es decir, no es un derecho que el ciudadano pueda exigir en los Tribunales»

Yo respecto, y esto es una opinión personal mía, al listado de artículos en el cual se establecen derechos y principios rectores, creo que no ha sido lo riguroso que debiera. Creo que de la simple lectura puede llegar la impresión de que se han agrandado sustancialmente sus derechos. Pero en realidad no estamos hablando de derechos como tal, sino que estamos hablando de principios rectores, es decir, no es un derecho que el ciudadano pueda exigir en los Tribunales por el mero hecho de que venga en el Estatuto de Autonomía, sino que son obligaciones de los poderes públicos para que orienten sus políticas a conseguir determinados fines.  En este caso, la renta de inserción social o el derecho a la vivienda, etc. Eso normalmente cuando se utilizan los conceptos de derecho a la vivienda, derecho a una renta, puede generar en el ciudadano una idea de derecho que tiene consolidado y, por lo tanto, puede exigir como tales a los tribunales, pero no es así.  Es en realidad una serie de principios rectores por los cuáles el Estatuto de Autonomía llama, compele, a los Poderes públicos a que orienten sus políticas a determinados objetivos y, por lo tanto, será ese Parlamento o ese Gobierno el que oriente a un Estado más social.

Acto de Presentación del Estatuto de Autonomía de Canarias | ARCHIVO EFE

«Creo que se ha avanzado en el sentido en que el nuevo Estatuto de Autonomía está en el primer nivel de las Comunidades Autónomas. Se han ganado competencias, se ha ganado autonomía de autoorganización política. Hemos mejorado el sistema electoral».

Ha habido avances, aunque quizás el calificativo que más le va es que es un Estatuto de Autonomía complejo. Pasamos de 60 y pico artículos a más de 200. Y creamos una norma de mucha complejidad, pero creo que avanzamos en algunas cosas. Obviamente cuando estamos hablando de una Ley de más de 200 artículos hay opiniones para todos los gustos. Y en mi opinión es que hay cosas que están mal, hay cosas que están regular, cosas que están bien y cosas que están muy bien.  Hacer una calificación global es complicado, pero creo que se ha avanzado en el sentido en que el nuevo Estatuto de Autonomía está en el primer nivel de las Comunidades Autónomas. Se han ganado competencias, se ha ganado autonomía de autoorganización política. Hemos mejorado el sistema electoral.

Pero creo que se ha avanzado porque en estos momentos el Estatuto está en el primer nivel de las comunidades autónomas y se ha calificado algunas competencias, se han ganado competencias y se ha ganado autonomía de autoorganización política. Hemos mejorado el sistema electoral, sin embargo, por ejemplo el listado de regulación de derechos o principios rectores creo que no se ha hecho bien. El organigrama de las competencias en la Administración de Justicia es discutible.
Hay sus luces y sus sombras. Y si hay que hacer un resumen: sí se ha avanzado.